sábado, 30 de noviembre de 2019

CONSTRUYENDO UNA ASAMBLEA (CONVENCIÓN) CONSTITUYENTE REPRESENTATIVA


El reto a que se enfrenta Chile hoy es construir una asamblea constituyente realmente representativa de toda su población, lo que de hecho esta en la base misma de la noción de Democracia Representativa. La propuesta que hasta ahora se ha barajado es que se utilice el mismo sistema con que se eligen los parlamentarios(as) del Congreso Nacional. En este sistema la representatividad está constituida por una relación de dos variables, las divisiones administrativas del Estado (regiones y provincias) y la cantidad de población que en ellas habita, asignándose a las distintas combinaciones de dichas variables o distritos una cantidad de representantes que deberán ser votados en cada uno de ellos.

No obstante, es posible cuestionar este sistema de representatividad básicamente porque asume que las dos variables utilizadas para construir los distritos agotan la diversidad que debiera estar presente en cualquier cuerpo que pretende ejercer la representación democrática. Obviamente, la cantidad de personas dentro de cada distrito es un requisito básico de proporción necesaria para la representatividad, mientras que la división por regiones y provincias efectivamente pueden representar los distintos ethos culturales presentes a lo largo del país. No obstante, estas dos variables oscurecen otras características de la población evidentemente necesarias de considerar para representar cabalmente a los y las chilenas.

De esta manera, es difícil asegurar que la forma de elección de Parlamentarios pueda producir una verdadera representatividad, existiendo una serie de sesgos que es necesario corregir para lograr el objetivo básico que quienes redacten nuestra nueva carta fundamental encarnen realmente la diversidad del país.

El primer sesgo es el de género, ya que un cuerpo legislativo debiera considerar adecuadamente la proporción de hombres y mujer, de manera tal que los elegidos debieran ser 51% de mujeres y un 49% de hombres. Esto sin considerar la necesidad que el Estado reconozca legalmente y con plenitud de derechos la existencia de otros géneros que hoy necesitarían ser representados. En los últimos años se ha hecho un intento de corrección, pero sólo se consideró que debía haber al menos un 40% de candidatas mujeres, lo que fue subvertido por los partidos políticos presentando mujeres principalmente en aquellos distritos donde no tenían mucha posibilidad de ser elegidas. Esta treta patriarcal de los partidos determinó que hoy en el Senado solo hay un 26,1% de mujeres y en la cámara de Diputados solo un 22,6%.

Un segundo sesgo tiene que ver con la edad de los chilenos, ya que mientras el 37,7 % de la población se encuentra entre los 15 y 40 años y el 42,9% son mayores de 40 años, lo que da un promedio de edad para la población entre los 15 y los 80 años cercano a 35 años. Pese esta realidad, en 2018 la edad promedio en el senado era de 56 años y en la cámara de diputados de 46 años, lo que significa que existe un desfase de al menos una década entre los chilenos que podrían tener una posición sobre el rumbo del país y quienes supuestamente los representan.

En tercer lugar, es evidente que si bien existe cierto requerimiento que los representantes al Congreso provengan de los territorios donde viven sus representados, en la práctica muchos de ellos sólo tienen una propiedad en el área de su circunscripción, mientras que su hogar y su origen se encuentra realmente en Santiago, específicamente en el sector oriente de la Capital. Es más, muchos parlamentarios de larga trayectoria han representado en distintos periodos a distritos completamente diferentes. De esta manera, quienes representan a un distrito no lo hacen por medio de su origen como personas, sino que por medio de los cupos que los distintos partidos asignan a sus candidatos dependiendo de sus teóricas posibilidades de ser electos.

Por último, existe un sesgo relativo al origen étnico de quienes forman parte del Congreso. En el censo de 2017 un total de 2.185.792 personas se autoidentificaron como parte de alguno de los pueblos indígenas legalmente reconocidos, es decir un 12,8% de la población del país. Evidentemente esta proporción no está representada en el congreso, donde en el Senado solo un 4,6 de sus componentes tiene al menos un apellido de origen indígena (Huenchumilla y Campillay). Por su parte en la cámara de Diputados la situación es mucho más grave ya que sólo hay dos parlamentarios(as) con apellidos indígenas (Nuyado y Alinco), lo que representa sólo el 1,3 %. Sin embargo, otros orígenes étnicos que componen la población chilena, además del español, provenientes del norte y centro de Europa o del Medio Oriente, están altamente representados en ambas cámaras, muy probablemente mucho más allá de el porcentaje de la población que representan.

En consecuencia, se podría considerar que el sistema de elecciones que utilizamos en Chile para elegir a los parlamentarios, así como probablemente en muchos otros países, realmente no es representativo, sino que esta sesgado hacia los hombres, mayores de 40 años, provenientes de Santiago y de origen étnico mestizo español o no americano. Es evidente entonces que para construir una asamblea constituyente que redacte un nuevo pacto social es necesario tener un sistema de elecciones de sus miembros que sea realmente representativo de la población chilena, el cual corrija al menos los sesgos que aquí hemos detallado. Esto obviamente requeriría para la importante elección que los chilenos haremos el próximo año un nuevo sistema de elecciones, el cual construya distritos a lo largo del país que permitan asegurar una representación proporcional de géneros y edades, exigiendo que todos los candidatos hayan al menos cursado su enseñanza básica y media en los distritos que pretenden representar y construyendo distritos especiales en territorios con mayorías indígenas donde sólo se puedan presentar candidatos indígenas, lo que les permita tener una representación proporcional a su porcentaje.

Es más, es posible pensar que esta forma de entender la representación, que incluye tanto el acto soberano del voto, las diferencias territoriales de los electores y ciertas características básicas de quienes aspiren a ser electos, podría de hecho ser el sistema adecuado para la conformación también del Congreso y de otros cuerpos como los Consejos Municipales.


Luis Cornejo B.
Departamento de Antropología

Universidad Alberto Hurtado

sábado, 27 de julio de 2019

Chile un sistema post-feudal



 En una rápida revisión de las características principales que debiera tener un sistema capitalista, el cual supuestamente es él eje de la sociedad chilena, se pueden reconocer las siguientes:

1)    La propiedad privada de los medios de producción
2)     La acumulación de riqueza como principal objetivo
3)     Define clases sociales especificas
4)     Permite la movilidad social
5)     Se centra en la libertad de empresa y de asociación
6)     El libre mercado
7)     Mercado regulado por la oferta y la demanda
8)     Promueve la competencia
9)     Reconoce la libertad de trabajo
10)  La mínima intervención del Estado

A partir de este listado es posible analizar cuales de ellas se cumplen en Chile. Las primeras tres, la propiedad privada, la acumulación de riqueza y clases sociales definidas, sin duda se cumplen. De hecho, Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene privatizado donde servicios básicos como el trasporte público o bienes esenciales como el agua, son considerados un medio de producción en manos de privados. Lo mismo ocurre con la décima característica definida, ya que el Estado Chileno casi no tiene injerencia en los medios de producción y, a la vez, prácticamente no tiene atribuciones o recursos para fiscalizar las actividades de los privados. En la misma línea, el sistema promueve la definición detallada de las clases sociales, lo que lleva incluso a guetos donde cada clases reside, estudia o pasa su tiempo libre.  

Sin embargo, las otras características listadas las cuales no son cumplidas por el sistema chileno o, al menos, existen muchas limitaciones.

La movilidad social, si bien no existe una medida expresa para evitarla y hay un porcentaje de personas que pueden acceder a mejores condiciones económicas que las que tenían sus padres, alcanzar la parte más alta de escalafón social es una tarea casi imposible, existiendo varias practicas sociales que promueven que el poder económico se mantenga dentro de la misma clase. Los directorios de empresas o los cargos de altas gerencias son asignados a personas de familias conocidas o entre excompañeros de colegio.  

La libertad de empresa y la libre asociación para acometer proyectos productivos efectivamente existe, pero esta sólo en manos de los que ya detentan el capital, que tienen el acceso privilegiado al crédito y los contactos necesarios para gestionarlos.

El libre mercado, su regulación por la oferta y la demanda y la libre competencia, algunos de los estandartes principales del sistema capitalista, son constantemente asediados por la colusión entre las empresas de distintos rubros para ponerse de acuerdo en precios y cuotas de producción, operando tal como carteles de narcotráfico cuyos miembros se conocen desde que estaban en el colegio. A la vez, el sistema ha desarrollado un control sobre la demanda que se basa en la publicidad, muchas veces engañosa, desplegada en todos los medios de comunicación pública posibles, muchas veces generando demandas que no están relacionadas con reales necesidades.
Por último, si bien se reconoce la libertad de trabajo, esto nuevamente es delimitado por el origen de las personas, que como dijimos se anida en guetos geográficos y de relaciones sociales. De esta manera, existe libertad de trabajo, pero sólo dentro de ciertas posibilidades que el sistema de guetos permite.

De esta manera es evidente que Chile no es un país capitalista o, más bien dicho, todas las opciones que este sistema ofrece sólo están disponibles para una clase social, cuestión que asemeja al sistema chileno al feudalismo. En este sistema, teóricamente extinto, también existía la definición de clases sociales estancas, con escasas posibilidades de movilidad social, donde la riqueza era acumulada por los mismos, existía un compromiso de obediencia y trabajo entre vasallos y nobles, que hoy sería entre trabajadores y empleadores, y, además, así como en el Chile la iglesia tenía un gran poder dentro del orden social.   

Así se podría pensar que realmente Chile es un país post-feudal, pero en ningún caso un país capitalista.

Luis E. Cornejo B.