MODIFICACIONES A LA LEY DE MONUMENTOS NACIONALES
En el reciente contexto en que se planifica un cambio a la Ley de Monumentos Nacionales, la Sociedad Chilena de Arqueología ha quedado de proponer algunos cambios que desde la perspectiva de arqueólogos podemos ofrecer. Reflexionando sobre el tema, me parece que algunas de las siguientes ideas pueden significar un cambio radical en la protección del patrimonio arqueológico.
1) Considerando que de acuerdo a la Ley el patrimonio Arqueológico en su totalidad es propiedad del Estado, creo que una manera de mejorar y agilizar su gestión seria creando un Instituto Chileno de Arqueología y Paleontología. Si el Estado es dueño de algo tan basto como el registro arqueológico y paleontológico, sería razonable que tuviera una institucionalidad especialmente dedicada a él, probablemente dependiente del Ministerio de Cultura o, incluso, del de Bienes Nacionales.
2) Esta Institución tendría al menos tres misiones, dos que ya cumple el CMN y una nueva: 1) Velar por la protección del patrimonio arqueológico (conservación, permisos de intervención, promoción y difusión, etc.), 2) Ser el organismo con competencia ambiental en lo referente a la evaluación de impactos ambientales y 3) Construir un Catastro Nacional del registro arqueológico, con el fin de hacer pública una clasificación del territorio en función a su riqueza arqueológica, sus vulnerabilidad y potenciales. Esto debiera incluir un programa nacional de prospección en terreno.
3) La creación de una glosa especifica en el presupuesto de la Nación para el funcionamiento adecuado de dicha institución, con los montos adecuados para que se puedan cumplir a cabalidad las tres misiones antes definidas.
4) Esta institución debiera mantener el espíritu de complementariedad entre el mundo público y privado que se expresa hoy en el CMN con la participación tanto de funcionarios estatales, como de representantes de instituciones sin fines de lucro del área (la Sociedad Chilena de Arqueología, el Colegio de Arquitectos, etc.). No obstante, creo que participación de personas ad honorem debiera centrase en la formación de políticas, señalando lineamientos generales y, en general, tener una visión de conjunto de los problemas del tema. Esto significa que las decisiones concretas debieran estar a cargo de una planta profesional (…lo que no es otra cosa que sincerar lo que ocurre hoy…) debidamente acreditada y bien remunerada. Esta planta profesional, podría tener entre sus posibilidades recurrir a especialistas del mundo académico y privado en la medida que la especificidad de los temas así lo demanden.
5) La creación de incentivos a particulares que protejan este patrimonio propiedad de Estado. En el caso de las empresas o de los propietarios de los terrenos donde se encuentren sitios, esto podría ser vía descuentos impositivos en relación a lo invertido en la protección de los sitios. Al aplicar esto al SEIA, aquellas empresas que opten por proteger los sitios en vez de impactarlos podrían aplicar esos costos a rebajas impositivas. No impactar, por ejemplo cambiando el trazado de un camino o ducto, podría señalarse como un costo de protección.
6) Crear un sistema de acreditación de profesionales arqueólogos, el permitiría entregar a los investigadores a los cuales se les ha otorgado permisos relacionados con el EIA una mayor capacidad de tomar decisiones propias y disminuir los pasos de aprobación de los estudios. Este sistema de acreditación debiera asegurar que los profesionales cumplan cabalmente con la necesidad de proteger el Patrimonio Arqueológico de propiedad estatal. Se debiera hacer periódicas evaluaciones de quienes están acreditados, existiendo la posibilidad de perder la acreditación. Por otra parte, los informes de aquellos profesionales no acreditados estarían sujetos a un mayor proceso de control y de decisiones por parte de la autoridad. Esto no es nuevo y en muchas profesiones hay certificaciones hechas por las autoridades.
7) En su función de protección del patrimonio arqueológico, este Instituto Chileno de Arqueología debiera ser quien lleva a cabo la Evaluación del Impacto Ambiental, cargando los costos de dicho trabajo a las empresas o particulares que presenten los proyectos. Con estos recursos este Instituto licitaría los estudios concretos entre profesionales arqueólogos. Sin duda una modificación como esta no tiene mucho futuro en la actual ideología sobre el Estado, pero a mí personalmente me parece que es la manera en que el propietario de los bienes arqueológicos, el Estado, debiera actuar en la protección de sus intereses y no trasferir esa responsabilidad a privados que llevan a cabo proyectos que generan el impacto ambiental.
Luis E. Cornejo B.
Arqueólogo
En el reciente contexto en que se planifica un cambio a la Ley de Monumentos Nacionales, la Sociedad Chilena de Arqueología ha quedado de proponer algunos cambios que desde la perspectiva de arqueólogos podemos ofrecer. Reflexionando sobre el tema, me parece que algunas de las siguientes ideas pueden significar un cambio radical en la protección del patrimonio arqueológico.
1) Considerando que de acuerdo a la Ley el patrimonio Arqueológico en su totalidad es propiedad del Estado, creo que una manera de mejorar y agilizar su gestión seria creando un Instituto Chileno de Arqueología y Paleontología. Si el Estado es dueño de algo tan basto como el registro arqueológico y paleontológico, sería razonable que tuviera una institucionalidad especialmente dedicada a él, probablemente dependiente del Ministerio de Cultura o, incluso, del de Bienes Nacionales.
2) Esta Institución tendría al menos tres misiones, dos que ya cumple el CMN y una nueva: 1) Velar por la protección del patrimonio arqueológico (conservación, permisos de intervención, promoción y difusión, etc.), 2) Ser el organismo con competencia ambiental en lo referente a la evaluación de impactos ambientales y 3) Construir un Catastro Nacional del registro arqueológico, con el fin de hacer pública una clasificación del territorio en función a su riqueza arqueológica, sus vulnerabilidad y potenciales. Esto debiera incluir un programa nacional de prospección en terreno.
3) La creación de una glosa especifica en el presupuesto de la Nación para el funcionamiento adecuado de dicha institución, con los montos adecuados para que se puedan cumplir a cabalidad las tres misiones antes definidas.
4) Esta institución debiera mantener el espíritu de complementariedad entre el mundo público y privado que se expresa hoy en el CMN con la participación tanto de funcionarios estatales, como de representantes de instituciones sin fines de lucro del área (la Sociedad Chilena de Arqueología, el Colegio de Arquitectos, etc.). No obstante, creo que participación de personas ad honorem debiera centrase en la formación de políticas, señalando lineamientos generales y, en general, tener una visión de conjunto de los problemas del tema. Esto significa que las decisiones concretas debieran estar a cargo de una planta profesional (…lo que no es otra cosa que sincerar lo que ocurre hoy…) debidamente acreditada y bien remunerada. Esta planta profesional, podría tener entre sus posibilidades recurrir a especialistas del mundo académico y privado en la medida que la especificidad de los temas así lo demanden.
5) La creación de incentivos a particulares que protejan este patrimonio propiedad de Estado. En el caso de las empresas o de los propietarios de los terrenos donde se encuentren sitios, esto podría ser vía descuentos impositivos en relación a lo invertido en la protección de los sitios. Al aplicar esto al SEIA, aquellas empresas que opten por proteger los sitios en vez de impactarlos podrían aplicar esos costos a rebajas impositivas. No impactar, por ejemplo cambiando el trazado de un camino o ducto, podría señalarse como un costo de protección.
6) Crear un sistema de acreditación de profesionales arqueólogos, el permitiría entregar a los investigadores a los cuales se les ha otorgado permisos relacionados con el EIA una mayor capacidad de tomar decisiones propias y disminuir los pasos de aprobación de los estudios. Este sistema de acreditación debiera asegurar que los profesionales cumplan cabalmente con la necesidad de proteger el Patrimonio Arqueológico de propiedad estatal. Se debiera hacer periódicas evaluaciones de quienes están acreditados, existiendo la posibilidad de perder la acreditación. Por otra parte, los informes de aquellos profesionales no acreditados estarían sujetos a un mayor proceso de control y de decisiones por parte de la autoridad. Esto no es nuevo y en muchas profesiones hay certificaciones hechas por las autoridades.
7) En su función de protección del patrimonio arqueológico, este Instituto Chileno de Arqueología debiera ser quien lleva a cabo la Evaluación del Impacto Ambiental, cargando los costos de dicho trabajo a las empresas o particulares que presenten los proyectos. Con estos recursos este Instituto licitaría los estudios concretos entre profesionales arqueólogos. Sin duda una modificación como esta no tiene mucho futuro en la actual ideología sobre el Estado, pero a mí personalmente me parece que es la manera en que el propietario de los bienes arqueológicos, el Estado, debiera actuar en la protección de sus intereses y no trasferir esa responsabilidad a privados que llevan a cabo proyectos que generan el impacto ambiental.
Luis E. Cornejo B.
Arqueólogo
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